Transporte – RESISTENCIA VTC

A falta de una legislación más estricta estos negocios especulativos facturan todos los días en perjuicio de su competencia y de la ciudadanía en general, además de poner en riesgo la seguridad y salud de sus conductores.

Si la ley fuese más rígida con los VTC infractores, una gran parte de sus gestoras de flotas, de los propietarios de autorizaciones, de sus asociaciones patronales y de las plataformas Uber, Cabify y Bolt sufriría una enorme pérdida de ingresos.

La prueba es el elevado número de infracciones que este tipo de «transporte» comete a diario allá donde opera. En la actualidad podemos encontrar varios factores que manejan los negocios de VTC y sus gestores para empujar a sus conductores a cometer delitos contra las normas de transporte y circulación. Entre ellos destacamos:

Sale más rentable pagar sanciones que dejar de delinquir.
Una gran parte de los beneficios que dejan esos delitos fluyen en “cajas B” indetectables.
Comunidades, como la de Madrid, derivan las sanciones a los trabajadores al volante cuando estas en realidad solo benefician a la patronal, como en el caso de la “captación ilegal de pasajeros”.
Las campañas de las plataformas y los algoritmos que estas manejan que empujan a cometer excesos a los conductores con promesas de pagos y ventajas que acaban como la metáfora de la zanahoria y el burro.
En caso de sanción las autoridades de tráfico exigen la identificación del conductor. Las gestoras de flotas de VTC han encontrado una fórmula que sirve para premiar a aquellos trabajadores de su confianza, de modo que si son ellos los que han cometido la infracción no los identifica su empresa. En ese caso lo que hacen, fraudulentamente, es facilitar datos de trabajadores que no son de su agrado o que incluso ya no están contratados por despido o baja voluntaria. La defensa de su improcedencia es más costosa para esos trabajadores que el pago, en su caso, de pequeñas multas. Hemos observado este proceder desde hace muchos años y los responsables de ello se sienten impunes por las dificultades probatorias.
En la desesperación por cumplir o superar ratios de facturación exigidos, el conductor se ve atrapado en la disyuntiva de perder el empleo o arriesgarse a infringir alguna norma de tráfico que de ninguna manera repercutirá al entramado empresarial, solo al desgraciado conductor. El empresariado especulador, conocedor de ello, fija unas metas prácticamente inalcanzables con lo que se aseguran el incumplimiento de la legislación vigente de sus conductores.
Las largas jornadas de trabajo, la fatiga, el estrés, el manejo de varias aplicaciones de plataforma a la vez y otros riesgos asociados a la salud de los conductores de VTC pueden empujar a cometer infracciones, siendo estos conscientes o no de ello. En ningún caso se pondrá en entredicho al empresario el estricto cumplimiento de la legislación laboral y de prevención de riesgos laborales, salvo que sea denunciado, algo que sucede infrecuentemente.
La falta de profesionalidad contrastada de muchos conductores de VTC hace que estos cometan errores por desconocimiento de la normativa de transportes del lugar donde operan y de tráfico, del callejero de las ciudades y de sus puntos de interés. Fijando su vista en el móvil constantemente, pendiente del GPS, de los mensajes de la aplicación, de los usuarios, de su propia gestora de flotas, etc., sin prestar la debida atención a la circulación con el peligro inherente que no solo derive en una pequeña sanción de tráfico.

Es decir, los delitos contra leyes y normas de tráfico y de transporte tienen un mismo origen: la patronal de las VTC y las plataformas. Por ello proponemos unas medidas que acaben de una vez por todas con los vicios y defectos de una legislación que actualmente ampara a estos delincuentes:

En caso de detectar alguna infracción de transporte: Inmovilización del VTC con traslado al depósito municipal donde debería permanecer incautado no menos de seis meses. Además de, una importante sanción económica, de la baja de la autorización por un periodo no inferior a esos seis meses y en caso de reincidencia pérdida de la misma.
Profesionalización de los conductores, tal como sucede en el sector del taxi. Vigilancia más estrecha de las autoridades laborales al cumplimiento de la legislación laboral y de prevención. Potenciar los medios suficientes a la Representación Legal de los Trabajadores en cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño, para detectar los fraudes y poder llevarlos a la fiscalía. Convenios colectivos que impidan el exceso de jornadas. Reconocer de una vez por todas la cesión ilegal de trabajadores entre empresarios de VTC y las plataformas Uber, Cabify y Bolt, así que deban trabajar directamente para ellas, sin subrogaciones irregulares como en la actualidad.

Sabemos que acometer estas propuestas puede parecer casi utópico, sobre todo siendo conocedores de las estrechas relaciones entre el capitalismo de plataformas y los políticos. Eso que llaman “cabildeo” y que nosotros interpretamos como clientelismo. Sin embargo, nosotros publicamos nuestro parecer, conociendo en profundidad el sector de arrendamiento de vehículos de menos de nueve plazas con conductor (VTC), por lo que enviamos este mensaje a la ciudadanía para que reflexione y llegue, incluso, a calar en sindicatos de clase y en asociaciones del sector del transporte de viajeros por carretera ajenas a la operativa con plataformas digitales. La esperanza es lo último que se pierde.

Menos favorecer a la patronal de las VTC pidiendo “el acceso a los carriles bus” y más requerir mayores sanciones y luchar por el cumplimiento de la legislación.
Resistencia VTC

Los agentes de movilidad de las grandes capitales pueden dar fe de un hecho que a nadie se le escapa, pero del que poco se habla. Cuántas veces, en sus cotidianas inspecciones de transporte, no se han encontrado con un vehículo VTC que está realizando servicios de transporte de viajeros fuera de la comunidad autónoma a la que pertenece su autorización. Y cuánta no ha sido la reiteración de esta conducta que indica claramente que realiza el 100% de los servicios en distinta comunidad autónoma donde tiene domiciliada su autorización.

¿Presunta competencia desleal?

Eso mismo lo pueden corroborar los miles de conductores que trabajan en, por ejemplo, Barcelona, Madrid o Valencia. Contratados por una empresa cuyo domicilio social no coincide con la provincia donde prestan el servicio, se les entrega para realizar la totalidad de sus jornadas laborales vehículos con autorizaciones de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura… Y todo ello porque el coste de adquisición de esas autorizaciones es ridículo si lo comparamos con el de las tres capitales antes mencionadas.

Comprar una autorización de VTC en Ávila a 2.000 euros y ponerla a trabajar en Madrid donde han llegado alcanzar los 45.000 euros es todo un negocio redondo que, aunque en alguna inspección de transporte los puedan detectar y multar, lo amortizan de sobra incluso si reciben más de una sanción.

Lo peor del asunto llega cuando estos vehículos con autorizaciones de otras provincias saturan las calles donde ya se encuentran con otros VTC que realizan sus servicios con autorización legal de esa comunidad. Así vemos que en, por ejemplo, Madrid donde (en las estadísticas del Ministerio de Transportes a 01/09/2020) hay 8.353 autorizaciones VTC a estas se añaden unos cuantos miles de autorizaciones más (que podrían considerarse autorizaciones VTC “piratas”) y para redondearlo todo se suman los 15.679 taxis. En plena pandemia de coronavirus los servicios de transporte de viajeros en turismo han disminuido más de un 75% pero la oferta sigue desbordando a la demanda de tal forma que la ruina de ambos colectivos, taxi – VTC, está casi asegurada. Lo curioso de este asunto es que las grandes gestoras de flotas VTC siguen exigiendo a sus chóferes niveles de facturación iguales, y cuando no superiores, a los de antes de la llegada del COVID-19 (entre 3.000 y 4.000 euros de facturación conductor/mes).

Si a quienes se sirven de este sistema los colocamos frente a los que legalmente explotan su autorización, de allá donde pertenece, vemos claramente un desfase enorme y una competencia desleal que no solo salpica al sector de la VTC al completo, sino también al sector del taxi. Un viernes cualquiera en Madrid, de noche, frente a un semáforo en rojo se encuentran detenidos dos taxis y 8 VTC, ya que entre los días de libranza y las horas de explotación de un taxi (que no pueden superar las 16 cuando una VTC no tiene límite alguno) ya no se encuentran con que no se cumple el 1/30 que exigen, sino que ahora se convierte en goleada por parte de sus rivales.

¿Conducta delictiva y sancionable?

Pero, aunque estos hechos sean del todo conocidos aún no se han planteado sanciones ejemplares para solucionar el problema: inmovilizaciones de vehículos, retiradas de autorizaciones, sanciones millonarias ante las reiteraciones cuando se incumple en este aspecto con la LOTT (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre) que, en su Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la LOTT, dice lo siguiente:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 182.2, los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor deberán ser utilizados habitualmente en la prestación de servicios destinados a atender necesidades relacionadas con el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan.

Se entenderá que, en todo caso, un vehículo no ha sido utilizado habitualmente en la prestación de servicios destinados a atender necesidades relacionadas con el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentra domiciliada la autorización en que se ampara, cuando el 20 por ciento o más de los servicios realizados con ese vehículo dentro de un período de tres meses no haya discurrido, ni siquiera parcialmente, por dicho territorio.»

Un posible caso relacionado

Encontramos la siguiente noticia de Alba Asenjo (@AlbaAsenjo) de fecha 28/09/2020 para Business Insider: “El principal socio de Uber en Andalucía amenaza con un traslado colectivo a Madrid que afectaría a más de 400 conductores”, refiriéndose a la gestora Moove Cars, compañía que da servicio a la plataforma tecnológica Uber. Si bien es cierto que el artículo se centra en los derechos de los conductores afectados y con los que nosotros mismos nos queremos solidarizar, no aborda el mercadeo de autorizaciones y las conductas sancionables relacionadas con dicho traslado de conductores ¿Acaso Moove Cars va a trasladar 400 conductores sin vehículo? Esos vehículos con los que han trabajado los conductores hasta la fecha en la Comunidad Autónoma de Andalucía ¿tienen autorización de la Comunidad de Madrid? Si es así, han estado cometiendo una ilegalidad hasta la fecha y, en caso contrario, la posible conducta delictiva se realizaría una vez que presten sus servicios en Madrid. Vamos, la pescadilla que se muerde la cola.

Las gestoras, entre tanto, dan instrucciones a sus conductores: «Si te paran en un control y descubren que la licencia no debe operar donde estas realizando los servicios no te pongas nervioso. La multa la paga la empresa, a ti no te pasa nada». Pero de entrada el mal trago ya se lo lleva el conductor.