¿Y si la Ley fuese más rígida con los VTC infractores?

A falta de una legislación más estricta estos negocios especulativos facturan todos los días en perjuicio de su competencia y de la ciudadanía en general, además de poner en riesgo la seguridad y salud de sus conductores.

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Si la ley fuese más rígida con los VTC infractores, una gran parte de sus gestoras de flotas, de los propietarios de autorizaciones, de sus asociaciones patronales y de las plataformas Uber, Cabify y Bolt sufriría una enorme pérdida de ingresos.

La prueba es el elevado número de infracciones que este tipo de «transporte» comete a diario allá donde opera. En la actualidad podemos encontrar varios factores que manejan los negocios de VTC y sus gestores para empujar a sus conductores a cometer delitos contra las normas de transporte y circulación. Entre ellos destacamos:

• Sale más rentable pagar sanciones que dejar de delinquir.
• Una gran parte de los beneficios que dejan esos delitos fluyen en “cajas B” indetectables.
• Comunidades, como la de Madrid, derivan las sanciones a los trabajadores al volante cuando estas en realidad solo benefician a la patronal, como en el caso de la “captación ilegal de pasajeros”.
• Las campañas de las plataformas y los algoritmos que estas manejan que empujan a cometer excesos a los conductores con promesas de pagos y ventajas que acaban como la metáfora de la zanahoria y el burro.
• En caso de sanción las autoridades de tráfico exigen la identificación del conductor. Las gestoras de flotas de VTC han encontrado una fórmula que sirve para premiar a aquellos trabajadores de su confianza, de modo que si son ellos los que han cometido la infracción no los identifica su empresa. En ese caso lo que hacen, fraudulentamente, es facilitar datos de trabajadores que no son de su agrado o que incluso ya no están contratados por despido o baja voluntaria. La defensa de su improcedencia es más costosa para esos trabajadores que el pago, en su caso, de pequeñas multas. Hemos observado este proceder desde hace muchos años y los responsables de ello se sienten impunes por las dificultades probatorias.
• En la desesperación por cumplir o superar ratios de facturación exigidos, el conductor se ve atrapado en la disyuntiva de perder el empleo o arriesgarse a infringir alguna norma de tráfico que de ninguna manera repercutirá al entramado empresarial, solo al desgraciado conductor. El empresariado especulador, conocedor de ello, fija unas metas prácticamente inalcanzables con lo que se aseguran el incumplimiento de la legislación vigente de sus conductores.
• Las largas jornadas de trabajo, la fatiga, el estrés, el manejo de varias aplicaciones de plataforma a la vez y otros riesgos asociados a la salud de los conductores de VTC pueden empujar a cometer infracciones, siendo estos conscientes o no de ello. En ningún caso se pondrá en entredicho al empresario el estricto cumplimiento de la legislación laboral y de prevención de riesgos laborales, salvo que sea denunciado, algo que sucede infrecuentemente.
• La falta de profesionalidad contrastada de muchos conductores de VTC hace que estos cometan errores por desconocimiento de la normativa de transportes del lugar donde operan y de tráfico, del callejero de las ciudades y de sus puntos de interés. Fijando su vista en el móvil constantemente, pendiente del GPS, de los mensajes de la aplicación, de los usuarios, de su propia gestora de flotas, etc., sin prestar la debida atención a la circulación con el peligro inherente que no solo derive en una pequeña sanción de tráfico.

Es decir, los delitos contra leyes y normas de tráfico y de transporte tienen un mismo origen: la patronal de las VTC y las plataformas. Por ello proponemos unas medidas que acaben de una vez por todas con los vicios y defectos de una legislación que actualmente ampara a estos delincuentes:

1. En caso de detectar alguna infracción de transporte: Inmovilización del VTC con traslado al depósito municipal donde debería permanecer incautado no menos de seis meses. Además de, una importante sanción económica, de la baja de la autorización por un periodo no inferior a esos seis meses y en caso de reincidencia pérdida de la misma.
2. Profesionalización de los conductores, tal como sucede en el sector del taxi. Vigilancia más estrecha de las autoridades laborales al cumplimiento de la legislación laboral y de prevención. Potenciar los medios suficientes a la Representación Legal de los Trabajadores en cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño, para detectar los fraudes y poder llevarlos a la fiscalía. Convenios colectivos que impidan el exceso de jornadas. Reconocer de una vez por todas la cesión ilegal de trabajadores entre empresarios de VTC y las plataformas Uber, Cabify y Bolt, así que deban trabajar directamente para ellas, sin subrogaciones irregulares como en la actualidad.

Sabemos que acometer estas propuestas puede parecer casi utópico, sobre todo siendo conocedores de las estrechas relaciones entre el capitalismo de plataformas y los políticos. Eso que llaman “cabildeo” y que nosotros interpretamos como clientelismo. Sin embargo, nosotros publicamos nuestro parecer, conociendo en profundidad el sector de arrendamiento de vehículos de menos de nueve plazas con conductor (VTC), por lo que enviamos este mensaje a la ciudadanía para que reflexione y llegue, incluso, a calar en sindicatos de clase y en asociaciones del sector del transporte de viajeros por carretera ajenas a la operativa con plataformas digitales. La esperanza es lo último que se pierde.

Menos favorecer a la patronal de las VTC pidiendo “el acceso a los carriles bus” y más requerir mayores sanciones y luchar por el cumplimiento de la legislación.

Resistencia VTC